NUESTRA TIERRA VUELVE A ARDER -MANIFIESTO-

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro entorno y nuestras vidas se convierten en cenizas.

24/08/2026

No ha pasado ni un año desde que los incendios del verano anterior devastaron Zamora, León y el Bierzo, y este verano de 2026, la situación se repite en toda Castilla y León. La comunidad se enfrenta a la peor tragedia medioambiental del país, con más de 90,000 hectáreas arrasadas, lo que representa casi la mitad del total de la superficie quemada en España.

La Junta de Castilla y León vuelve a demostrar su combinación fatal de ineptitud y sumisión a intereses económicos. Mientras el territorio enfrenta incendios cada vez más difíciles de controlar, las políticas públicas siguen siendo inadecuadas y de corto plazo. Además, se ignora la ley de Montes, permitiendo actividades como la caza y el pastoreo en áreas quemadas el año pasado, y se fomenta la extracción de madera quemada de frondosas, que son esenciales para mantener la salud del suelo tras la catástrofe. Transformar el desastre en negocios solo nos condena a repetir esta tragedia el próximo verano.

Bomberos forestales y agentes de protección civil afrontan estas emergencias en condiciones precarias y sin los recursos necesarios. Mientras comunidades enteras quedan arrasadas y ecosistemas vitales son devastados, miles de animales mueren y las vidas humanas se ven marcadas por el sufrimiento.

Una vez más, son las comunidades locales, junto con el personal forestal, quienes dan una respuesta inmediata al fuego. La solidaridad popular demuestra que cuidar del territorio es cuidar de sus habitantes.

¡No aceptaremos que esta situación sea la norma! Rechazamos el discurso oficial que nos quiere convencer de que los incendios son "inextinguibles". Los incendios no son inevitables; lo que ha fracasado es la capacidad de extinción debido a la desidia de las administraciones que no han dotado adecuadamente a los servicios públicos.

Los grandes incendios no son una cuestión de mala suerte, sino el resultado de décadas de políticas que han tratado el territorio y a sus habitantes como meros recursos económicos, junto con la negligencia del gobierno de Mañueco y la falta de acción del gobierno de Sánchez. Estas decisiones han debilitado los servicios públicos y agravado la crisis climática, con la extrema derecha promoviendo desinformación sobre el medio ambiente mientras las administraciones se echan la culpa mutuamente.

La solución no pasa por convertir nuestros montes en meros jardines, sino por una planificación del territorio adaptada a cada ecosistema, basada en conocimiento científico. La gestión de nuestra vida, del mundo rural y del entorno natural sigue sometida a criterios económicos, lo que nos hace más vulnerables a incendios cada vez más severos.

Solo una gestión sostenible, social y científica garantizará la prevención de incendios y el equilibrio del mundo rural con el medio ambiente. Urge una intervención pública coordinada, junto con trabajadores forestales, bomberos y comunidades rurales, para fortalecer lo común y hacer frente a la crisis climática.

¡Otro verano récord de áreas quemadas! Exigimos acciones concretas, propuestas serias y responsabilidades, no más excusas. No podemos permitir que esta situación se repita año tras año.

Demandamos ordenación, prevención y gestión del territorio en función de la mayoría social, fundamentada en evidencia científica y adaptada a cada ecosistema. La prevención comienza mucho antes del verano y requiere inversiones continuas. Recordemos que cerca del 90% de los incendios son causados por humanos, y la mayoría de estos son intencionados. Por lo tanto, evitar la ignición es el primer paso en las políticas de prevención.

Necesitamos mayor vigilancia, detección temprana y servicios de extinción públicos, estables y profesionales. Exigimos el fin de la temporalidad y la división del servicio en más de 35 empresas privadas. Quien nos protege merece contratos dignos y formación continua para enfrentarse a incendios cada vez más destructivos. Su seguridad es nuestra seguridad.

Fomentar el empleo público y cooperativo en el medio rural es esencial para permitir que la gente viva y trabaje en sus pueblos con dignidad. Esto implica revertir décadas de abandono mediante empleo estable, servicios públicos de calidad y una economía digna.

Debemos asumir la emergencia climática; negar la realidad es irresponsable. Necesitamos políticas audaces que mitiguen el cambio climático y adapten nuestros territorios a una nueva realidad de sequías y olas de calor. La conservación y restauración de la biodiversidad deben ser ejes centrales en la prevención de grandes incendios, ya que ecosistemas sanos son más resilientes al fuego.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro entorno y nuestras vidas se convierten en cenizas por la inacción de quienes deben protegernos. El futuro de nuestros pueblos, la salud de las personas, la integridad de nuestros ecosistemas y el derecho de futuras generaciones a vivir en un entorno habitable están en juego.